La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
