El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Un informe anual del Ministerio Público ha revelado un preocupante aumento en los casos de homicidio al interior de recintos penales en Chile durante el año 2024. Según el reporte, se registraron 49 asesinatos, lo que representa un incremento del 36% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 36 casos. Este aumento ha sido atribuido principalmente al rápido crecimiento de la población penal en el país. Según el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, la competencia por espacio y recursos básicos dentro de las cárceles ha generado entornos de violencia espontánea y fragmentada, poniendo en entredicho la gobernanza institucional. En la Región Metropolitana, específicamente, los casos de homicidio en cárceles han experimentado un alarmante aumento del 150%, pasando de 8 a 20. Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, señaló que la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos son factores que explican esta tendencia. Otro aspecto relevante es el cambio en la composición de la población penal con la llegada de un mayor número de reclusos extranjeros. Según Alveal, mientras que en el año 2000 representaban el 2,6%, actualmente alcanzan el 15,7%, con una predominancia de colombianos y venezolanos vinculados a estructuras criminales más complejas. Hasta el momento, en lo que va del año 2025 se han reportado 18 casos de homicidio en distintas cárceles chilenas. Gendarmería ha destacado la implementación de un plan de acción enfocado en 12 cárceles prioritarias, donde se concentra el 80% de las muertes. Gracias a estas medidas, se ha logrado reducir en un 30% las muertes relacionadas con hechos violentos. Fuente: CNN Chile País
Una condena que suma en total 63 años de cárcel es la que solicitará la Fiscalía del Bío Bío que se aplique sobre el otrora alcalde de Reinaco, Juan Carlos Reinao, actualmente en prisión preventiva desde noviembre de 2023. La acusación que presentará la Fiscalía sobre la exautoridad municipal 'involucra cuatro hechos que abarcan un período de tiempo desde diciembre del año 2006 hasta el año 2020', detalló el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez. La imputación final en contra de Reinao contempla las denuncias de cuatro víctimas, de las cuales dos eran adolescentes en el momento de la ocurrencia de los hechos. La investigación involucra diversos delitos cometidos en contra de ellas, como violación y abuso sexual. 'Se imputan tres abusos sexuales, uno agravado. Se imputa además un delito de aborto y un delito de violación en carácter de reiterado', explicó el fiscal Martínez sobre los delitos imputados. LO ÚLTIMO: La fiscalía espera aplicar penas independientes para cada caso, para así consignar las circunstancias particulares. La suma total de las penas por los delitos que acusa Fiscalía a Reinao suman un total de 63 años de cárcel. El ente persecutor detalló que presentarán en el juicio al menos la declaración de 70 testigos y peritos que confirmarán el actuar de Reinao en los diversos casos que se le imputan. Martínez también agregó que a estas declaraciones sumarán 'numerosa prueba documental y otros medios prueba que serán ofrecidos al tribunal'. Fuente: Meganoticias
El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
La Corte Suprema próximamente dará a conocer si acoge o rechaza un recurso de nulidad presentado por el capitán de Ejército José Faúndez, a raíz del fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por su participación en la muerte de Ramiro Veloz, un ciudadano colombiano que falleció tras recibir un impacto de bala de parte de una patrulla del Ejército durante el estallido social en la Región de Coquimbo. Faúndez fue declarado culpable en 2023 por los delitos de violencia innecesaria por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, el militar recurrió ante el máximo tribunal, instancia que ya dejó “en acuerdo” la resolución. Además, Faúndez también recurrió ante la Corte Suprema en contra del Ministerio de Defensa, dado que aún no se ha visado su retiro por enfermedad. La Comisión de Salud del Ejército consideró que no estaba apto para volver a sus funciones debido a problemas mentales derivados del servicio durante la crisis social. En mayo del 2024, el comandante en Jefe del Ejército envió los antecedentes para su retiro por enfermedad al Ministerio, pero hasta ahora no se ha cursado dicho decreto. Ante esta situación, los abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para revertir la decisión anterior y exigir que se dicte el decreto correspondiente. Argumentan que existe una omisión ilegal y arbitraria sin justificación legal. La audiencia para escuchar los argumentos está pendiente y será entonces cuando se decida si se ordena finalmente el retiro por enfermedad y se resuelve también su situación penal condenatoria. Fuente: La Tercera Nacional
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Un informe anual del Ministerio Público ha revelado un preocupante aumento en los casos de homicidio al interior de recintos penales en Chile durante el año 2024. Según el reporte, se registraron 49 asesinatos, lo que representa un incremento del 36% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 36 casos. Este aumento ha sido atribuido principalmente al rápido crecimiento de la población penal en el país. Según el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, la competencia por espacio y recursos básicos dentro de las cárceles ha generado entornos de violencia espontánea y fragmentada, poniendo en entredicho la gobernanza institucional. En la Región Metropolitana, específicamente, los casos de homicidio en cárceles han experimentado un alarmante aumento del 150%, pasando de 8 a 20. Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, señaló que la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos son factores que explican esta tendencia. Otro aspecto relevante es el cambio en la composición de la población penal con la llegada de un mayor número de reclusos extranjeros. Según Alveal, mientras que en el año 2000 representaban el 2,6%, actualmente alcanzan el 15,7%, con una predominancia de colombianos y venezolanos vinculados a estructuras criminales más complejas. Hasta el momento, en lo que va del año 2025 se han reportado 18 casos de homicidio en distintas cárceles chilenas. Gendarmería ha destacado la implementación de un plan de acción enfocado en 12 cárceles prioritarias, donde se concentra el 80% de las muertes. Gracias a estas medidas, se ha logrado reducir en un 30% las muertes relacionadas con hechos violentos. Fuente: CNN Chile País
Una condena que suma en total 63 años de cárcel es la que solicitará la Fiscalía del Bío Bío que se aplique sobre el otrora alcalde de Reinaco, Juan Carlos Reinao, actualmente en prisión preventiva desde noviembre de 2023. La acusación que presentará la Fiscalía sobre la exautoridad municipal 'involucra cuatro hechos que abarcan un período de tiempo desde diciembre del año 2006 hasta el año 2020', detalló el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez. La imputación final en contra de Reinao contempla las denuncias de cuatro víctimas, de las cuales dos eran adolescentes en el momento de la ocurrencia de los hechos. La investigación involucra diversos delitos cometidos en contra de ellas, como violación y abuso sexual. 'Se imputan tres abusos sexuales, uno agravado. Se imputa además un delito de aborto y un delito de violación en carácter de reiterado', explicó el fiscal Martínez sobre los delitos imputados. LO ÚLTIMO: La fiscalía espera aplicar penas independientes para cada caso, para así consignar las circunstancias particulares. La suma total de las penas por los delitos que acusa Fiscalía a Reinao suman un total de 63 años de cárcel. El ente persecutor detalló que presentarán en el juicio al menos la declaración de 70 testigos y peritos que confirmarán el actuar de Reinao en los diversos casos que se le imputan. Martínez también agregó que a estas declaraciones sumarán 'numerosa prueba documental y otros medios prueba que serán ofrecidos al tribunal'. Fuente: Meganoticias
El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
La Corte Suprema próximamente dará a conocer si acoge o rechaza un recurso de nulidad presentado por el capitán de Ejército José Faúndez, a raíz del fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por su participación en la muerte de Ramiro Veloz, un ciudadano colombiano que falleció tras recibir un impacto de bala de parte de una patrulla del Ejército durante el estallido social en la Región de Coquimbo. Faúndez fue declarado culpable en 2023 por los delitos de violencia innecesaria por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, el militar recurrió ante el máximo tribunal, instancia que ya dejó “en acuerdo” la resolución. Además, Faúndez también recurrió ante la Corte Suprema en contra del Ministerio de Defensa, dado que aún no se ha visado su retiro por enfermedad. La Comisión de Salud del Ejército consideró que no estaba apto para volver a sus funciones debido a problemas mentales derivados del servicio durante la crisis social. En mayo del 2024, el comandante en Jefe del Ejército envió los antecedentes para su retiro por enfermedad al Ministerio, pero hasta ahora no se ha cursado dicho decreto. Ante esta situación, los abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para revertir la decisión anterior y exigir que se dicte el decreto correspondiente. Argumentan que existe una omisión ilegal y arbitraria sin justificación legal. La audiencia para escuchar los argumentos está pendiente y será entonces cuando se decida si se ordena finalmente el retiro por enfermedad y se resuelve también su situación penal condenatoria. Fuente: La Tercera Nacional
