El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) y confirmó que la empresa debía pagar $1.000 millones correspondientes a recursos no ejecutados del programa de prevención del suicidio Quédate, vinculado al caso ProCultura. El fallo ratificó la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que sancionó a la compañía por incumplir las obligaciones establecidas en las pólizas con las que el Gobierno de Santiago había protegido los fondos públicos destinados al proyecto. De acuerdo con la sentencia, ASPOR debía realizar el pago al primer requerimiento, sin solicitar antecedentes adicionales, imponer condiciones ni utilizar la existencia de otros litigios para retrasar el cumplimiento de la garantía. Tras conocerse la decisión, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, aseguró que el fallo respalda las gestiones iniciadas por su administración para recuperar el dinero. En ese sentido, afirmó que “lo dijimos desde el primer día: ASPOR debía pagar. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado que teníamos razón”. Orrego sostuvo que el Gobierno de Santiago comenzó tempranamente las acciones administrativas y judiciales para cobrar las pólizas. Sin embargo, acusó que la aseguradora “obstaculizó todo, exigiendo antecedentes que no correspondían, interponiendo acciones dilatorias y negándose a pagar”. El gobernador agregó que el máximo tribunal no solo estableció que la compañía debía cumplir con la garantía, sino que también confirmó las multas y sanciones impuestas por la CMF. Finalmente, Orrego manifestó que “luego de dos años y medio de juicios civiles tan innecesarios como injustos, exigimos que ASPOR pague, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. Nadie, por importante que sea, está por sobre la ley”. El programa Quédate fue financiado en 2022 por el Gobierno de Santiago con $1.600 millones, cuyo total se encontraba respaldado mediante pólizas de garantía. La iniciativa alcanzó un 40% de ejecución y atendió a casi 12 mil personas con ideación suicida, mediante prestaciones presenciales, un chat y una plataforma web. Su implementación se interrumpió cuando ProCultura dejó de pagar a las fundaciones especializadas que participaban en el programa. De esta manera, quedaron sin ejecutar cerca de $1.000 millones, monto cuyo pago ahora exige el Gobierno de Santiago a la aseguradora. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ha informado sobre la suspensión temporal de todas las actividades de desarrollo y construcción relacionadas con el proyecto Andes Norte, ubicado en la División El Teniente. Esta decisión, considerada drástica por la empresa estatal, se ha tomado como una medida preventiva para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores. La determinación se basa en análisis técnicos realizados en los últimos seis meses. Según Codelco, estos estudios han aconsejado detener temporalmente las operaciones para profundizar en el conocimiento técnico sobre la sismicidad profunda del yacimiento subterráneo. Se ha identificado un fenómeno sísmico emergente con características diferentes a los riesgos tradicionales gestionados por la operación estatal. La División El Teniente ha enfrentado durante décadas fenómenos sísmicos relacionados con la minería subterránea, especialmente a través del método de explotación por hundimiento de paneles ( panel caving). Tanto la sismicidad natural derivada de la extracción como la asociada a nuevos desarrollos mineros son variables conocidas que suelen manejarse con controles operativos sólidos. Sin embargo, nuevos datos geológicos sugieren un posible riesgo emergente vinculado a la mayor profundidad de las obras en Andes Norte. La zona seguirá siendo objeto de investigación rigurosa. Ante esta situación, Codelco ha decidido reforzar la instrumentación, el monitoreo constante y el análisis técnico para mantener altos estándares de seguridad. Aseguran que el resto de las áreas productivas de El Teniente continúan operando con normalidad. La suspensión del proyecto Andes Norte afecta directamente a las empresas contratistas involucradas en las actividades de desarrollo y construcción. La resolución ha sido comunicada inmediatamente a dichas empresas, dando inicio a un proceso de suspensión ordenada de las labores en el área. Se están tomando todas las medidas administrativas, contractuales y laborales necesarias para esta paralización. Codelco asegura que mantendrá una coordinación constante con sus contratistas para gestionar adecuadamente los efectos de esta medida, cumpliendo estrictamente con la legislación laboral y los acuerdos establecidos. Fuente: ADN Radio Nacional
El mes de julio de 2026 finalizó como uno de los más lluviosos en varias regiones de Chile en las últimas décadas. Tras la influencia de múltiples sistemas frontales que impactaron en el centro y centro-sur del país en las últimas semanas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que varias estaciones meteorológicas establecieron récords históricos de precipitación y pronosticó que las lluvias continuarán por encima de lo normal durante el mes de agosto. De acuerdo con la DMC, estaciones como Pichoy (Los Ríos), Caldera (Atacama), La Serena y Combarbalá (Coquimbo) alcanzaron niveles récord para un mes de julio. Por ejemplo, Pichoy acumuló 683,3 milímetros, superando el récord anterior de 591,0 mm registrado en 1978. En Caldera cayeron 38,1 mm, mientras que La Serena registró 200,2 mm y Combarbalá 285,5 mm, cifras que también marcaron nuevos máximos para esas localidades. Otras ciudades como Santiago acumularon 198,8 mm, siendo el tercer mayor registro histórico; Osorno alcanzó 330,2 mm, ubicándose en el tercer lugar; Valparaíso (Rodelillo) registró 327,3 mm, ocupando el quinto puesto; Santo Domingo llegó a 238,6 mm y Rancagua a 136,9 mm, ambos dentro de los cinco valores más altos para el mes. En cuanto al panorama climático, la DMC destacó que julio se caracterizó por un escenario particularmente lluvioso para la zona central y centro-sur del país, advirtiendo que esta condición podría persistir en las próximas semanas. Asimismo, proyectaron que entre agosto y octubre se esperan precipitaciones por encima de lo normal desde el sur de la región de Atacama hasta Los Ríos. Además, señalaron que la mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal durante agosto se concentrará en localidades como Combarbalá, Los Vilos, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno. Fuente: ADN Radio Nacional
En una jornada clave para las aspiraciones de La Moneda, el Senado aprobó este martes el último artículo que se mantenía pendiente de la denominada “megarreforma” del Gobierno, dando por finalizada la tramitación parlamentaria del principal y más ambicioso proyecto legislativo de la actual administración. Por un estrecho margen de 27 votos a favor y 22 en contra, la Sala de la Cámara Alta visó la norma que establece el mecanismo de compensación económica dirigido a los municipios del país. Esta fórmula busca inyectar liquidez y suplir los recursos que las administraciones comunales dejarán de percibir producto de la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) para todas las personas mayores de 65 años. La aprobación de este artículo destraba uno de los flancos más complejos que enfrentó el Ejecutivo durante el debate, marcado por la transversal preocupación de los alcaldes ante una eventual merma en el Fondo Común Municipal (FCM), principal fuente de ingresos para las comunas más vulnerables. Con este hito, el Gobierno logra asegurar el alivio tributario prometido a la tercera edad, resguardando en paralelo las arcas locales. No obstante, el fin del trámite legislativo en el Congreso Nacional no significa la promulgación inmediata de la ley. La iniciativa deberá enfrentar ahora su última y decisiva valla institucional: el Tribunal Constitucional (TC). El organismo jurisdiccional será el encargado de revisar y resolver las diversas reservas de constitucionalidad que fueron levantadas por los parlamentarios de oposición durante el transcurso del debate, quienes cuestionaron distintos aspectos del diseño y financiamiento de la reforma. Será el pronunciamiento de los ministros del TC el que dicte la última palabra sobre la viabilidad de la iniciativa ancla del Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) y confirmó que la empresa debía pagar $1.000 millones correspondientes a recursos no ejecutados del programa de prevención del suicidio Quédate, vinculado al caso ProCultura. El fallo ratificó la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que sancionó a la compañía por incumplir las obligaciones establecidas en las pólizas con las que el Gobierno de Santiago había protegido los fondos públicos destinados al proyecto. De acuerdo con la sentencia, ASPOR debía realizar el pago al primer requerimiento, sin solicitar antecedentes adicionales, imponer condiciones ni utilizar la existencia de otros litigios para retrasar el cumplimiento de la garantía. Tras conocerse la decisión, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, aseguró que el fallo respalda las gestiones iniciadas por su administración para recuperar el dinero. En ese sentido, afirmó que “lo dijimos desde el primer día: ASPOR debía pagar. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado que teníamos razón”. Orrego sostuvo que el Gobierno de Santiago comenzó tempranamente las acciones administrativas y judiciales para cobrar las pólizas. Sin embargo, acusó que la aseguradora “obstaculizó todo, exigiendo antecedentes que no correspondían, interponiendo acciones dilatorias y negándose a pagar”. El gobernador agregó que el máximo tribunal no solo estableció que la compañía debía cumplir con la garantía, sino que también confirmó las multas y sanciones impuestas por la CMF. Finalmente, Orrego manifestó que “luego de dos años y medio de juicios civiles tan innecesarios como injustos, exigimos que ASPOR pague, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. Nadie, por importante que sea, está por sobre la ley”. El programa Quédate fue financiado en 2022 por el Gobierno de Santiago con $1.600 millones, cuyo total se encontraba respaldado mediante pólizas de garantía. La iniciativa alcanzó un 40% de ejecución y atendió a casi 12 mil personas con ideación suicida, mediante prestaciones presenciales, un chat y una plataforma web. Su implementación se interrumpió cuando ProCultura dejó de pagar a las fundaciones especializadas que participaban en el programa. De esta manera, quedaron sin ejecutar cerca de $1.000 millones, monto cuyo pago ahora exige el Gobierno de Santiago a la aseguradora. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ha informado sobre la suspensión temporal de todas las actividades de desarrollo y construcción relacionadas con el proyecto Andes Norte, ubicado en la División El Teniente. Esta decisión, considerada drástica por la empresa estatal, se ha tomado como una medida preventiva para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores. La determinación se basa en análisis técnicos realizados en los últimos seis meses. Según Codelco, estos estudios han aconsejado detener temporalmente las operaciones para profundizar en el conocimiento técnico sobre la sismicidad profunda del yacimiento subterráneo. Se ha identificado un fenómeno sísmico emergente con características diferentes a los riesgos tradicionales gestionados por la operación estatal. La División El Teniente ha enfrentado durante décadas fenómenos sísmicos relacionados con la minería subterránea, especialmente a través del método de explotación por hundimiento de paneles ( panel caving). Tanto la sismicidad natural derivada de la extracción como la asociada a nuevos desarrollos mineros son variables conocidas que suelen manejarse con controles operativos sólidos. Sin embargo, nuevos datos geológicos sugieren un posible riesgo emergente vinculado a la mayor profundidad de las obras en Andes Norte. La zona seguirá siendo objeto de investigación rigurosa. Ante esta situación, Codelco ha decidido reforzar la instrumentación, el monitoreo constante y el análisis técnico para mantener altos estándares de seguridad. Aseguran que el resto de las áreas productivas de El Teniente continúan operando con normalidad. La suspensión del proyecto Andes Norte afecta directamente a las empresas contratistas involucradas en las actividades de desarrollo y construcción. La resolución ha sido comunicada inmediatamente a dichas empresas, dando inicio a un proceso de suspensión ordenada de las labores en el área. Se están tomando todas las medidas administrativas, contractuales y laborales necesarias para esta paralización. Codelco asegura que mantendrá una coordinación constante con sus contratistas para gestionar adecuadamente los efectos de esta medida, cumpliendo estrictamente con la legislación laboral y los acuerdos establecidos. Fuente: ADN Radio Nacional
El mes de julio de 2026 finalizó como uno de los más lluviosos en varias regiones de Chile en las últimas décadas. Tras la influencia de múltiples sistemas frontales que impactaron en el centro y centro-sur del país en las últimas semanas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que varias estaciones meteorológicas establecieron récords históricos de precipitación y pronosticó que las lluvias continuarán por encima de lo normal durante el mes de agosto. De acuerdo con la DMC, estaciones como Pichoy (Los Ríos), Caldera (Atacama), La Serena y Combarbalá (Coquimbo) alcanzaron niveles récord para un mes de julio. Por ejemplo, Pichoy acumuló 683,3 milímetros, superando el récord anterior de 591,0 mm registrado en 1978. En Caldera cayeron 38,1 mm, mientras que La Serena registró 200,2 mm y Combarbalá 285,5 mm, cifras que también marcaron nuevos máximos para esas localidades. Otras ciudades como Santiago acumularon 198,8 mm, siendo el tercer mayor registro histórico; Osorno alcanzó 330,2 mm, ubicándose en el tercer lugar; Valparaíso (Rodelillo) registró 327,3 mm, ocupando el quinto puesto; Santo Domingo llegó a 238,6 mm y Rancagua a 136,9 mm, ambos dentro de los cinco valores más altos para el mes. En cuanto al panorama climático, la DMC destacó que julio se caracterizó por un escenario particularmente lluvioso para la zona central y centro-sur del país, advirtiendo que esta condición podría persistir en las próximas semanas. Asimismo, proyectaron que entre agosto y octubre se esperan precipitaciones por encima de lo normal desde el sur de la región de Atacama hasta Los Ríos. Además, señalaron que la mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal durante agosto se concentrará en localidades como Combarbalá, Los Vilos, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno. Fuente: ADN Radio Nacional
En una jornada clave para las aspiraciones de La Moneda, el Senado aprobó este martes el último artículo que se mantenía pendiente de la denominada “megarreforma” del Gobierno, dando por finalizada la tramitación parlamentaria del principal y más ambicioso proyecto legislativo de la actual administración. Por un estrecho margen de 27 votos a favor y 22 en contra, la Sala de la Cámara Alta visó la norma que establece el mecanismo de compensación económica dirigido a los municipios del país. Esta fórmula busca inyectar liquidez y suplir los recursos que las administraciones comunales dejarán de percibir producto de la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) para todas las personas mayores de 65 años. La aprobación de este artículo destraba uno de los flancos más complejos que enfrentó el Ejecutivo durante el debate, marcado por la transversal preocupación de los alcaldes ante una eventual merma en el Fondo Común Municipal (FCM), principal fuente de ingresos para las comunas más vulnerables. Con este hito, el Gobierno logra asegurar el alivio tributario prometido a la tercera edad, resguardando en paralelo las arcas locales. No obstante, el fin del trámite legislativo en el Congreso Nacional no significa la promulgación inmediata de la ley. La iniciativa deberá enfrentar ahora su última y decisiva valla institucional: el Tribunal Constitucional (TC). El organismo jurisdiccional será el encargado de revisar y resolver las diversas reservas de constitucionalidad que fueron levantadas por los parlamentarios de oposición durante el transcurso del debate, quienes cuestionaron distintos aspectos del diseño y financiamiento de la reforma. Será el pronunciamiento de los ministros del TC el que dicte la última palabra sobre la viabilidad de la iniciativa ancla del Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
