El 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago emitió una sentencia condenatoria contra los suboficiales del Ejército Pedro Cancino y Diego Marín, quienes fueron encontrados culpables del delito de apremios ilegítimos. La condena impuesta fue de 60 días de presidio, aunque esta pena fue reemplazada por remisión condicional por un año. Los hechos que dieron lugar a esta condena tuvieron lugar el 22 de octubre de 2019, durante el estado de excepción constitucional de emergencia y en medio de manifestaciones cerca de la estación de Metro Chile-España, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Según la resolución judicial, la víctima escuchó disparos provenientes del subterráneo y decidió bajar desarmado y sin mediar provocación para investigar la razón detrás de dichos disparos. Fue en ese momento cuando los suboficiales, que formaban parte de una patrulla del Ejército encargada del resguardo de infraestructura crítica, le dispararon sin previo aviso con escopetas antidisturbios en dos ocasiones. Como resultado de estos disparos, la víctima sufrió heridas en el tórax que le causaron hemoneumotórax derecho, laceración pulmonar y compromiso hemodinámico, lo que requirió su traslado al Hospital del Salvador para someterse a una intervención quirúrgica de pleurostomía. En consecuencia, el tribunal decidió sustituir la pena privativa de libertad por remisión condicional y también impuso a los acusados la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena. Fuente: ADN Radio Nacional
Carabineros de Chile ha iniciado una serie de excavaciones en el terreno donde residía Julia del Carmen Chuñil Catricura, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Esta acción se lleva a cabo como parte de las diligencias investigativas por su desaparición y presunto homicidio ocurrido el 8 de noviembre de 2024. Estas excavaciones se realizan en base a nuevos antecedentes surgidos tras la reciente detención de cuatro imputados, entre ellos tres hijos de la víctima y su exyerno. Las labores en el sitio fueron instruidas por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que lidera una investigación que se ha extendido por varios meses y que actualmente se mantiene bajo estricta reserva. Tanto Carabineros como el Ministerio Público han confirmado que los trabajos de excavación buscan recabar evidencia relevante que permita esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de la mujer. El operativo se activó luego de que, en la madrugada del día anterior, se concretara la detención de los tres hijos de Julia Chuñil y de su exyerno, en un procedimiento policial desarrollado en distintas comunas del sur del país. Las aprehensiones se realizaron a partir de órdenes judiciales emanadas en el marco de la misma causa. Según lo informado por la Fiscalía, los tres hijos de la víctima serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrentará cargos por homicidio calificado, con la agravante de alevosía. Además, todos los imputados serán acusados por el delito de robo con violencia e intimidación, relacionado con un hecho ocurrido en perjuicio de un adulto mayor. De acuerdo con Emol, si bien las excavaciones no estaban programadas para hoy, habría sido un “dato” entregado por uno de los detenidos lo que habría derivado en dichas diligencias. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos señalaron que se trata de una investigación compleja, desarrollada metodológica y exhaustivamente. Los antecedentes más relevantes serán expuestos durante la audiencia programada para esta jornada ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Fuente: Publimetro
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha confirmado que la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo la incautación de computadores en el SLEP Atacama, luego de que saliera a la luz una ostentosa celebración por el quinto aniversario de la institución. “Entiendo que la PDI ya llegó al servicio local e incautó computadores para llevar a cabo una revisión de antecedentes ”, expresó el ministro en una entrevista con Radio Pauta. En este sentido, detalló que la investigación se enfocará en determinar si se hicieron uso de recursos públicos. “En caso de no haberse utilizado fondos fiscales, es necesario determinar si el financiamiento fue legal y debidamente registrado”, agregó. Además, Nicolás Cataldo comunicó que “se ha ordenado una auditoría ministerial que actualmente se está llevando a cabo y cuyos resultados serán clave para decidir si se inician sumarios administrativos o si los antecedentes son remitidos a la Contraloría o al Ministerio Público ”. Por último, prefirió no adelantar conclusiones: “ No voy a opinar sobre si fue legal o ilegal, ya que considero que eso es algo que debe ser determinado por la investigación”. No obstante, señaló que lo ocurrido fue “inadecuado e improcedente”. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada se espera que se revelen las medidas cautelares tomadas contra los tres imputados en el caso, Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro. El día miércoles tuvo lugar en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de Sergio Yáber, conservador de bienes raíces de Puente Alto; Yamil Najle, conservador de bienes raíces de Chillán; y Harold Pizarro, propietario de una casa de cambio, en relación con la Trama Bielorrusa. Estos individuos eran utilizados por Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles para blanquear dinero que supuestamente les habrían pagado los abogados Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos. Se reveló que incluso llegaron a realizar contratos con el objetivo de encubrir el origen del dinero que recibían Vivanco y Migueles, aparentemente proveniente de pagos realizados por el consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec. En el desarrollo del proceso judicial se expusieron las transferencias que los tres imputados habrían recibido y efectuado entre sí. Para la tarde está programada la continuación de la formalización, donde se anticipa que se establecerán medidas cautelares. El Ministerio Público solicita arresto domiciliario total para Sergio Yáber; mientras que para Najle y Pizarro se pide arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados. No se ha solicitado prisión preventiva para los imputados debido a un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas, considerando la colaboración brindada en la investigación. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado y Coldelco, como querellantes, están solicitando arresto domiciliario total para los tres implicados, argumentando la gravedad y recurrencia de los delitos, así como el hecho de que algunos eran funcionarios públicos en el momento de los hechos. Además, se ha confirmado que Ángela Vivanco, exministra removida de la Corte Suprema, tenía conocimiento de las transacciones financieras realizadas por su pareja Gonzalo Migueles. Esto contradice declaraciones previas realizadas por ella misma. En la audiencia, el fiscal adjunto Marco Muñoz afirmó: “siguiendo la secuencia de correos electrónicos, uno de los contactos había sido enviado desde la cuenta de Migueles a la cuenta de Yamil Najle, pero el antecedente era procedente de la cuenta de correo electrónico de Ángela Vivanco, el cual contenía un contrato donde se justificaban algunos pagos que habían efectuado desde 2025 a Najle”. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago emitió una sentencia condenatoria contra los suboficiales del Ejército Pedro Cancino y Diego Marín, quienes fueron encontrados culpables del delito de apremios ilegítimos. La condena impuesta fue de 60 días de presidio, aunque esta pena fue reemplazada por remisión condicional por un año. Los hechos que dieron lugar a esta condena tuvieron lugar el 22 de octubre de 2019, durante el estado de excepción constitucional de emergencia y en medio de manifestaciones cerca de la estación de Metro Chile-España, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Según la resolución judicial, la víctima escuchó disparos provenientes del subterráneo y decidió bajar desarmado y sin mediar provocación para investigar la razón detrás de dichos disparos. Fue en ese momento cuando los suboficiales, que formaban parte de una patrulla del Ejército encargada del resguardo de infraestructura crítica, le dispararon sin previo aviso con escopetas antidisturbios en dos ocasiones. Como resultado de estos disparos, la víctima sufrió heridas en el tórax que le causaron hemoneumotórax derecho, laceración pulmonar y compromiso hemodinámico, lo que requirió su traslado al Hospital del Salvador para someterse a una intervención quirúrgica de pleurostomía. En consecuencia, el tribunal decidió sustituir la pena privativa de libertad por remisión condicional y también impuso a los acusados la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena. Fuente: ADN Radio Nacional
Carabineros de Chile ha iniciado una serie de excavaciones en el terreno donde residía Julia del Carmen Chuñil Catricura, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Esta acción se lleva a cabo como parte de las diligencias investigativas por su desaparición y presunto homicidio ocurrido el 8 de noviembre de 2024. Estas excavaciones se realizan en base a nuevos antecedentes surgidos tras la reciente detención de cuatro imputados, entre ellos tres hijos de la víctima y su exyerno. Las labores en el sitio fueron instruidas por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que lidera una investigación que se ha extendido por varios meses y que actualmente se mantiene bajo estricta reserva. Tanto Carabineros como el Ministerio Público han confirmado que los trabajos de excavación buscan recabar evidencia relevante que permita esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de la mujer. El operativo se activó luego de que, en la madrugada del día anterior, se concretara la detención de los tres hijos de Julia Chuñil y de su exyerno, en un procedimiento policial desarrollado en distintas comunas del sur del país. Las aprehensiones se realizaron a partir de órdenes judiciales emanadas en el marco de la misma causa. Según lo informado por la Fiscalía, los tres hijos de la víctima serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrentará cargos por homicidio calificado, con la agravante de alevosía. Además, todos los imputados serán acusados por el delito de robo con violencia e intimidación, relacionado con un hecho ocurrido en perjuicio de un adulto mayor. De acuerdo con Emol, si bien las excavaciones no estaban programadas para hoy, habría sido un “dato” entregado por uno de los detenidos lo que habría derivado en dichas diligencias. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos señalaron que se trata de una investigación compleja, desarrollada metodológica y exhaustivamente. Los antecedentes más relevantes serán expuestos durante la audiencia programada para esta jornada ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Fuente: Publimetro
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha confirmado que la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo la incautación de computadores en el SLEP Atacama, luego de que saliera a la luz una ostentosa celebración por el quinto aniversario de la institución. “Entiendo que la PDI ya llegó al servicio local e incautó computadores para llevar a cabo una revisión de antecedentes ”, expresó el ministro en una entrevista con Radio Pauta. En este sentido, detalló que la investigación se enfocará en determinar si se hicieron uso de recursos públicos. “En caso de no haberse utilizado fondos fiscales, es necesario determinar si el financiamiento fue legal y debidamente registrado”, agregó. Además, Nicolás Cataldo comunicó que “se ha ordenado una auditoría ministerial que actualmente se está llevando a cabo y cuyos resultados serán clave para decidir si se inician sumarios administrativos o si los antecedentes son remitidos a la Contraloría o al Ministerio Público ”. Por último, prefirió no adelantar conclusiones: “ No voy a opinar sobre si fue legal o ilegal, ya que considero que eso es algo que debe ser determinado por la investigación”. No obstante, señaló que lo ocurrido fue “inadecuado e improcedente”. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada se espera que se revelen las medidas cautelares tomadas contra los tres imputados en el caso, Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro. El día miércoles tuvo lugar en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de Sergio Yáber, conservador de bienes raíces de Puente Alto; Yamil Najle, conservador de bienes raíces de Chillán; y Harold Pizarro, propietario de una casa de cambio, en relación con la Trama Bielorrusa. Estos individuos eran utilizados por Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles para blanquear dinero que supuestamente les habrían pagado los abogados Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos. Se reveló que incluso llegaron a realizar contratos con el objetivo de encubrir el origen del dinero que recibían Vivanco y Migueles, aparentemente proveniente de pagos realizados por el consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec. En el desarrollo del proceso judicial se expusieron las transferencias que los tres imputados habrían recibido y efectuado entre sí. Para la tarde está programada la continuación de la formalización, donde se anticipa que se establecerán medidas cautelares. El Ministerio Público solicita arresto domiciliario total para Sergio Yáber; mientras que para Najle y Pizarro se pide arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados. No se ha solicitado prisión preventiva para los imputados debido a un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas, considerando la colaboración brindada en la investigación. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado y Coldelco, como querellantes, están solicitando arresto domiciliario total para los tres implicados, argumentando la gravedad y recurrencia de los delitos, así como el hecho de que algunos eran funcionarios públicos en el momento de los hechos. Además, se ha confirmado que Ángela Vivanco, exministra removida de la Corte Suprema, tenía conocimiento de las transacciones financieras realizadas por su pareja Gonzalo Migueles. Esto contradice declaraciones previas realizadas por ella misma. En la audiencia, el fiscal adjunto Marco Muñoz afirmó: “siguiendo la secuencia de correos electrónicos, uno de los contactos había sido enviado desde la cuenta de Migueles a la cuenta de Yamil Najle, pero el antecedente era procedente de la cuenta de correo electrónico de Ángela Vivanco, el cual contenía un contrato donde se justificaban algunos pagos que habían efectuado desde 2025 a Najle”. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
