Durante su participación en el Encuentro Anual de la Construcción 2024, el Presidente Gabriel Boric expresó su satisfacción por la aprobación de la ley corta de Isapres, resaltando los avances y beneficios que esta medida traerá consigo. El mandatario enfatizó la claridad de la posición de su Gobierno desde el principi o, afirmando que su misión era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas y poner fin a los abusos en el sistema de Isapres. Además, destacó que la nueva ley busca corregir los cobros abusivos y discriminatorios que han prevalecido durante demasiado tiempo, devolviendo los montos cobrados en exceso y estableciendo cuotas para pagar la deuda pendiente, con prioridad para las personas de mayor edad. El Presidente subrayó que esta ley es responsable y garantiza la continuidad de las atenciones de salud para los afiliados, al tiempo que fortalece el sistema de Fonasa, que atiende al 84% de la población. Para cerrar, destacó la inclusión de seguros complementarios para los usuarios de Fonasa, lo que proporcionará mejores condiciones económicas y la posibilidad de acceder a prestadores privados. Además, resaltó los avances logrados con el programa de Copago Cero, que ha beneficiado a más de un millón de personas.
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Los resultados de la encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, muestran un duro golpe para la gestión del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ha caído seis puntos porcentuales en la última semana, situándose en un 24%. Este marcado descenso lleva la desaprobación del Mandatario al 70%, un nivel alarmante para el gobierno. Este nuevo registro coloca a Boric por debajo de las cifras alcanzadas por los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el mismo período de su tercer año de mandato, situando al actual Presidente en una posición delicada respecto al respaldo popular. El estudio también revela que un 58% de los consultados expresó su descontento con la gestión de Boric, considerando que ha realizado un mal gobierno, mientras que solo un 20% respalda su labor y cree que ha llevado a cabo un buen gobierno. En relación al reciente atentado contra tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, la mayoría de los encuestados (80%) lo relaciona con el crimen organizado y el terrorismo, en contraposición al 9% que lo vincula con el conflicto Mapuche. En materia de seguridad, un alto porcentaje respalda medidas como otorgar fuero y protección especial a Carabineros que enfrenten al crimen organizado (89%), permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana (88%), y poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad (86%). Sin embargo, la aceptación de declarar Estado de Sitio en La Araucanía y El Biobío desciende del 77% al 75%, al igual que la aprobación para indultar a carabineros juzgados por temas asociados al estallido social, que cae del 48% al 47%. La encuesta también revela que un 59% de los encuestados está de acuerdo con devolver a los tribunales militares la competencia de juzgar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en casos con víctimas civiles, y un 60% respalda la afirmación de que el Presidente Boric respalda de manera decidida la labor de Carabineros. En cuanto a la percepción sobre el accionar de las instituciones, Carabineros obtiene un 79% de aprobación, seguido por las Fuerzas Armadas con un 68%, mientras que el Congreso evidencia un 78% de desaprobación y el gobierno un 66%. Además, un 46% aprueba la gestión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, frente a un 37% que la desaprueba. Finalmente, la encuesta revela que un 58% de los encuestados confía en que se identificará y capturará a los culpables del asesinato de los tres carabineros en Cañete, contra un 41% que no lo cree.
Durante su participación en el Encuentro Anual de la Construcción 2024, el Presidente Gabriel Boric expresó su satisfacción por la aprobación de la ley corta de Isapres, resaltando los avances y beneficios que esta medida traerá consigo. El mandatario enfatizó la claridad de la posición de su Gobierno desde el principi o, afirmando que su misión era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas y poner fin a los abusos en el sistema de Isapres. Además, destacó que la nueva ley busca corregir los cobros abusivos y discriminatorios que han prevalecido durante demasiado tiempo, devolviendo los montos cobrados en exceso y estableciendo cuotas para pagar la deuda pendiente, con prioridad para las personas de mayor edad. El Presidente subrayó que esta ley es responsable y garantiza la continuidad de las atenciones de salud para los afiliados, al tiempo que fortalece el sistema de Fonasa, que atiende al 84% de la población. Para cerrar, destacó la inclusión de seguros complementarios para los usuarios de Fonasa, lo que proporcionará mejores condiciones económicas y la posibilidad de acceder a prestadores privados. Además, resaltó los avances logrados con el programa de Copago Cero, que ha beneficiado a más de un millón de personas.
En un contexto marcado por la discusión en torno al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha hecho pública la postura del Gobierno ante un punto crucial: la competencia de la justicia militar en asuntos civiles. Monsalve afirmó que el Presidente Gabriel Boric aplicaría el veto presidencial en caso de que se apruebe cualquier medida que permita este escenario, algo que fue rechazado en la Cámara Baja pero que la oposición busca reponer en el Senado. Este debate adquiere relevancia a la luz de las declaraciones del Mandatario, quien el pasado jueves afirmó categóricamente que durante su Gobierno no se restablecerán los tribunales militares en asuntos de competencia civil. Monsalve, en una entrevista con Radio Cooperativa, recordó el caso del expresidente Sebastián Piñera en 2010, quien promulgó una ley que excluía a civiles y menores de edad de la jurisdicción militar, calificando dicho acto como un avance democrático. El subsecretario del Interior criticó el cambio de postura de la derecha política, destacando el contraste entre la celebración de esta medida durante el gobierno de Piñera y su cuestionamiento actual. Sin embargo, Monsalve reiteró que el debate es legítimo, pero enfatizó en la coherencia de las políticas gubernamentales. Además de este punto, Monsalve abordó el proyecto que permite el porte de armas a aspirantes a carabineros durante sus prácticas, destacando la necesidad de una preparación rigurosa y protocolos estrictos para el uso de la fuerza dentro del marco del Estado de Derecho. La ley establece requisitos específicos para la formación de los aspirantes, asegurando así un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos civiles.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Los resultados de la encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, muestran un duro golpe para la gestión del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ha caído seis puntos porcentuales en la última semana, situándose en un 24%. Este marcado descenso lleva la desaprobación del Mandatario al 70%, un nivel alarmante para el gobierno. Este nuevo registro coloca a Boric por debajo de las cifras alcanzadas por los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el mismo período de su tercer año de mandato, situando al actual Presidente en una posición delicada respecto al respaldo popular. El estudio también revela que un 58% de los consultados expresó su descontento con la gestión de Boric, considerando que ha realizado un mal gobierno, mientras que solo un 20% respalda su labor y cree que ha llevado a cabo un buen gobierno. En relación al reciente atentado contra tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, la mayoría de los encuestados (80%) lo relaciona con el crimen organizado y el terrorismo, en contraposición al 9% que lo vincula con el conflicto Mapuche. En materia de seguridad, un alto porcentaje respalda medidas como otorgar fuero y protección especial a Carabineros que enfrenten al crimen organizado (89%), permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana (88%), y poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad (86%). Sin embargo, la aceptación de declarar Estado de Sitio en La Araucanía y El Biobío desciende del 77% al 75%, al igual que la aprobación para indultar a carabineros juzgados por temas asociados al estallido social, que cae del 48% al 47%. La encuesta también revela que un 59% de los encuestados está de acuerdo con devolver a los tribunales militares la competencia de juzgar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en casos con víctimas civiles, y un 60% respalda la afirmación de que el Presidente Boric respalda de manera decidida la labor de Carabineros. En cuanto a la percepción sobre el accionar de las instituciones, Carabineros obtiene un 79% de aprobación, seguido por las Fuerzas Armadas con un 68%, mientras que el Congreso evidencia un 78% de desaprobación y el gobierno un 66%. Además, un 46% aprueba la gestión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, frente a un 37% que la desaprueba. Finalmente, la encuesta revela que un 58% de los encuestados confía en que se identificará y capturará a los culpables del asesinato de los tres carabineros en Cañete, contra un 41% que no lo cree.
